La crisis de los refugiados

Al principio, la llegada al poder del FPR pareció mejorar el panorama político de Ruanda. El nuevo gobierno mantenía un equilibrio entre representantes del FPR y hutus que se habían opuesto a la dictadura étnica de Habyarimana, y parecía estar bien situado para comenzar la ardua tarea de reconstrucción y reconciliación. Sin embargo, esta situación no duró.

Desde sus bases en los abarrotados campos de refugiados del este de Zaire, el expulsado ejército hutu adquiría armas con dinero sacado del tesoro nacional y realizaba incursiones al otro lado de la frontera. A pesar de los llamamientos de Ruanda para que se cerraran los campos, la atención internacional se centró más en ayudar a los refugiados que en encontrar a los culpables que había entre ellos. Los pocos intentos que se hicieron de cerrar los campos se encontraron con la resistencia de los refugiados, a quienes los extremistas habían dicho que en Ruanda sufrirían represalias.

Entretanto, mientras el tribunal de crímenes de guerra patrocinado por la ONU intentaba despegar, muchos de los que habían planeado el genocidio vivían abiertamente en el extranjero. Funcionarios del gobierno exiliados negaron incluso que el genocidio se hubiera producido, e insistieron en que sus víctimas habían muerto en la guerra.

Estas circunstancias llevaron a una radicalización del gobierno ruandés. Los militares empezaron a exigir un papel mayor en el proceso político, y los miembros de la línea dura del FPR consolidaron su control del gobierno. Los reajustes ministeriales de agosto de 1995 y marzo de 1997 supusieron la retirada del poder o la destitución de muchos políticos hutus, especialmente los que contaban con apoyos políticos independientes. Estas personas fueron sustituidas por hutus que debían su posición destacada al FPR. Incluso los tutsis pasaron a ser elegidos en general más por su apoyo al FPR que por otras cualidades. Esto hizo que el gobierno se volviera cada vez más autoritario y militarizado.

Esta tendencia se vio reforzada por la repentina crisis que surgió a finales de 1996 en lo que entonces era Zaire. La mayoría de los campos de refugiados hutus en Zaire estaban situados en las dos provincias orientales de Kivu del Sur y Kivu del Norte, justo al lado de la frontera ruandesa. La presencia de tantos elementos anti-tutsis en el este de Zaire intensificó las tensiones que ya existían entre el gobierno zaireño y la población de Zaire de etnia tutsi. En otoño de 1996, los banyamulenges (un grupo de tutsis zaireños de lengua kinyarwanda) se rebelaron contra los esfuerzos zaireños para expulsarlos del país. Ruanda empezó a suministrar apoyo militar a los rebeldes. A la vez que apoyaban a los banyamulenges, los ruandeses también actuaron para cerrar los campos de refugiados. En medio del caos en Zaire, los refugiados hutus que huyeron a Tanzania en 1994 fueron obligados a volver a casa por el gobierno tanzano.

En diciembre de 1996, varios cientos de miles de refugiados habían vuelto a Ruanda. El resto, incluidos muchos de los responsables del genocidio, huyeron a la selva zaireña y fueron empujados hacia el Oeste por el avance de los rebeldes (que para entonces estaban compuestos por varios movimientos además de los banyamulenges, y eran conocidos como la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL)). Muchos de estos refugiados murieron en su marcha a través de Zaire, y la ONU ha hallado pruebas de que algunos fueron asesinados por los rebeldes. Bajo el mando del veterano revolucionario Laurent Désiré Kabila, la AFDL derrocó al presidente zaireño Mobutu Sese Seko en mayo de 1997.

La reconstrucción de una nación Después de que la mayoría de los refugiados hubiera vuelto a Ruanda y el resto se encontrara en desbandada, la amenaza de incursiones fronterizas quedó eliminada. No obstante, la nueva situación planteaba nuevos retos.

La crisis zaireña y la vuelta de los refugiados reforzó al ejército de Ruanda en detrimento de su gobierno civil. La vinculación del ejército con la victoriosa AFDL de Kabila trajo consigo oportunidades económicas —incluida la extracción de oro y la explotación maderera— que le han proporcionado una cierta independencia financiera del gobierno central de Ruanda. No obstante, las fuerzas armadas siguen consumiendo aproximadamente la mitad del presupuesto anual de Ruanda. Además, se otorgó al ejército la responsabilidad de mantener la seguridad interna, un papel que provocó de hecho la transferencia de la autoridad policial de los civiles a los militares.

El nuevo gobierno provocó el descontento de los hutus que regresaron, quienes no reconocieron la legitimidad del mismo. Algunos de los que volvieron comprobaron que sus hogares habían sido destruidos u ocupados por tutsis. Muchos fueron acusados de participar en el genocidio y detenidos. Más de 100.000 personas están a la espera de juicio en Ruanda por delitos relacionados con el genocidio, pero pueden pasar años antes de que el sistema judicial ruandés, que apenas funciona, resuelva estos casos. Estos prisioneros viven hacinados en condiciones poco higiénicas, a veces con menos de un metro cuadrado por detenido. En los últimos tres años han muerto unos 5.000 presos.