La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") aprobó durante su 102° Período de sesiones –celebrado del 22 de febrero al 12 de marzo de 1999, en su sede— su Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia (en adelante "el Informe") con base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Reglamento. El texto completo del Informe aparece reproducido en la página del World Wide Web de la Comisión: http://www.cidh.org. El Informe tiene como base la información y documentación recogidas por la Comisión antes, durante y con posterioridad a la visita in loco llevada a cabo en Colombia del 1 al 8 de diciembre de 1997, a invitación del Gobierno colombiano. La Comisión ha preparado y publicado previamente informes similares con relación a la situación de los derechos humanos en Colombia tras las visitas llevadas a cabo en 1981 y 1993, respectivamente. Este Tercer Informe se refiere, en forma general, a la situación desde 1993 al presente aunque, en algunos casos, la Comisión ha considerado necesario referirse a hechos y eventos anteriores a 1993, de modo de describir y analizar la situación actual en forma adecuada.
El Informe da cuenta de la naturaleza extremadamente compleja de la actual situación de los derechos humanos en Colombia. La Comisión reitera su total entendimiento de que existe una serie de actores que contribuyen a la situación de violencia en ese país y que el Estado no es internacionalmente responsable por todos los daños causados a sus ciudadanos por los actores no estatales. De hecho, numerosos agentes del Estado colombiano han demostrado un verdadero compromiso con el mejoramiento de la situación de los derechos humanos en ese país. La Comisión toma nota también del valeroso impulso al proceso de paz dado por el Presidente Andrés Pastrana. La Comisión felicita al Presidente por este esfuerzo crucial para el futuro del país, y expresa su anhelo de que las conversaciones iniciadas con tanta seriedad y dedicación continúen y culminen con el logro de una paz duradera en Colombia.
La Comisión, sin embargo, se encuentra consciente de que la situación de los derechos humanos en Colombia –que involucra violaciones masivas y continuas a los derechos humanos más fundamentales—es actualmente una de las más difíciles y serias en las Américas. Consecuentemente, el Informe está dedicado a identificar un gran número de problemas de extrema seriedad que afectan los derechos humanos del pueblo colombiano.
Este Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia cuenta con catorce capítulos, además de una introducción y consideraciones finales. El Informe cubre una amplia gama de situaciones y problemas relativos al respeto de los derechos humanos que abarca, entre otros, la situación de violencia, la administración de justicia, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, los defensores de los derechos humanos, y la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. El Informe también se ocupa de los derechos de la mujer, los desplazados internos, los indígenas, los niños y las comunidades negras. El presente resumen ejecutivo reseña algunos de los temas analizadas en el Informe.
Contexto para el análisis de la situación de los derechos humanos en Colombia
la Comisión describe su rol en el análisis de la situación de los derechos humanos en Colombia. La Comisión explica que su mandato básico consiste en abocarse al análisis de situaciones y casos donde el Estado sea responsable por haber cometido violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Dados sus atributos, derechos y obligaciones conforme al derecho interno y al derecho internacional, el Estado –y no los demás actores de la violencia en Colombia— es el foco obligado de escrutinio de la Comisión. Sin embargo, con el fin de cumplir con su tarea de evaluar la situación en forma apropiada, la Comisión ha debido considerar y describir los múltiples factores que contribuyen a la violencia y la difícil situación de los derechos humanos en Colombia.
La Comisión presenta un breve análisis histórico de la violencia política en Colombia haciendo referencia a sus principales fuentes, incluyendo a los grupos armados disidentes que se encuentran aun activos: las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia); el ELN (Ejército de Liberación Nacional); y los disidentes del EPL (Ejército Popular de Liberación). La Comisión considera a los paramilitares como la siguiente fuente sustancial de violencia política y nota que algunos de estos grupos mantienen fuertes lazos con elementos de las fuerzas de seguridad del Estado aunque frecuentemente operan con significativa autonomía. La Comisión reconoce que el tráfico de drogas es una fuente de violencia particularmente insidiosa, ya sea dentro o fuera del contexto del conflicto armado. También se considera la incidencia del crimen común y las consecuencias de la situación socioeconómica.
Hay algunos aspectos positivos, tales como la existencia de numerosas instituciones y agentes del Estado dedicados a la protección y promoción de los derechos humanos, la mayoría de los cuales realizan esfuerzos serios y continuos para mejorar la situación en Colombia. Por ejemplo, se resalta el trabajo de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación; la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos; la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Comisión 1290; y la Defensoría del Pueblo. La Comisión también asigna importancia al programa para la protección de los trabajadores de los derechos humanos y otras personas bajo amenaza. La Comisión enfatiza que instituciones de esta naturaleza deben recibir apoyo por parte del gobierno y la sociedad civil, de modo de poder llevar adelante su trabajo en forma más efectiva y eficiente. La Comisión nota además, la activa participación de la sociedad civil en las cuestiones de derechos humanos. Existen diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a trabajar en casi todas las áreas de posible interés para el pueblo colombiano.